El intendente de Formosa, Ing. Jorge Jofré participó este jueves de una reunión de la Red Federal de Intendentes, junto a los jefes comunales Damián Bernarte, Intendente de San Francisco (Córdoba); Daniel Passerini, Intendente de Córdoba (Córdoba); Juan Manuel Llamosas, Intendente de Rio Cuarto (Córdoba); Juan Pablo Poletti, Intendente de Santa Fe (Santa Fe); Leonardo Viotti, Intendente de Rafaela (Santa Fe); Marcos Castro, Intendente de Viedma (Río Negro); María Pasqualini, Jefa de Gabinete de Neuquén (Neuquén); Maximiliano Frontera, Intendente de Villa Mercedes (San Luis); Norma Fuentes, Santiago del Estero, ( Santiago del Estero); Othar Macharashvili, Intendente de Comodoro Rivadavia (Chubut); Pablo Javkin, Intendente de Rosario (Santa Fe); Raúl Jorge, Intendente de San Salvador de Jujuy (Jujuy); Rodrigo Buteler, Intendente de Cipoletti (Río Negro); Rosario Romero, Intendente de Paraná (Entre Ríos); Walter Cortés, Intendente de Bariloche (Río Negro).

Durante el encuentro, emitieron un comunicado, al que además adhieren, el intendente de Salta, Emiliano Durand, de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que dice textual:

“Hoy nos une la necesidad imperiosa de encontrar soluciones para solventar el funcionamiento del sistema de transporte público urbano en nuestras ciudades.* Es un problema que tiene historia de años de administración errada e injusta desde los distintos gobiernos nacionales, que parte de una clara discriminación en la distribución de los subsidios tarifarios.

Los estados subnacionales, provincias y municipios a través del esfuerzo de sus ciudadanos, aportamos a un fondo común nacional. Pero luego la determinación que realizan los gobiernos nacionales de la distribución de estos recursos se ha tornado absolutamente inequitativa desde hace años, perjudicando fuertemente al interior.

Mientras estábamos debatiendo cómo afrontar esta inequidad, nos encontramos con una nueva decisión del Gobierno Nacional actual que termina por derrumbar las posibilidades de funcionamiento normal del transporte público en las ciudades. Una decisión inconsulta, equivocada y de consecuencias nefastas para el interior de nuestro país.

Y profundiza la injusticia y la inequidad: se elimina totalmente el fondo destinado a subsidiar parte de la tarifa del transporte, que ya era injusta y discriminadora, pero solo para el interior, manteniendo la prerrogativa para el AMBA.

Doble mazazo para los municipios argentinos, con excepciones que irritan aún más.

*¿A quiénes afectan estas medidas del Gobierno Nacional? A nuestros vecinos, a los trabajadores de todas las actividades, a los estudiantes, a jubilados, a quienes deben realizar estudios de salud, a familias enteras que utilizan el transporte público para movilizarse. A docentes, policías, trabajadores de la salud, que llegan a sus trabajos por este medio.*

Afecta a los municipios desde todo punto de vista, ya que se pone en riesgo la dinámica y la actividad cotidiana de las ciudades, lo económico, social, productivo. Todos nos vemos afectados, millones de argentinos del interior. Millones de contribuyentes que cada vez que cargamos combustible pagamos un impuesto del que luego no recibimos absolutamente nada.

Nos hemos reunido en esta oportunidad para el tratamiento de seis puntos concretos, vinculados al tema que hoy nos convoca con profunda preocupación:

1. Exhortar a los Diputados y Senadores Nacionales de nuestras provincias a plantear un Proyecto de Ley que, en lo inmediato, exija el cumplimiento del Pacto Fiscal del año 2017 que incluye la distribución de este fondo que hoy unilateralmente se ha dispuesto desde el Poder Ejecutivo Nacional, que se quitó unilateralmente a todo el interior del País.

Asimismo, que el Proyecto de Ley también incorpore de manera equitativa y justa, que los fondos que todos los argentinos aportamos sean distribuidos a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A su vez solicitaremos a las Legislaturas Provinciales y Concejos Deliberantes que se manifiesten en idéntico sentido.

2. Promover ante los legisladores nacionales de nuestras provincias un proyecto de ley que modifique la estructura actual de distribución de la recaudación del “Impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono” de tal forma que el 28,58% originalmente destinado al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, se redistribuya de la siguiente manera: un 50% al SISVIAL y un 50% para las compensaciones de los sistemas de transporte público de pasajeros del interior del país, distribuidas en base a los colectivos habilitados en cada sistema.

3. Generar herramientas de compensación en común, similar o una franja con parámetros mínimos entre los municipios de la Red Federal de Intendentes, para la adecuación tarifaria, con el objeto de brindar certezas a nuestros vecinos, empresas concesionarias y demás integrantes de los sistemas de transporte público en nuestras ciudades.

4. Estamos comprometidos todos los intendentes para avanzar en los mecanismos que lleven a orientar el destino del subsidio a la demanda en el transporte.

5. Solicitar con carácter de urgencia, audiencia al señor Ministro del Interior Guillermo Francos, para ponerlo en conocimiento de la gravedad de la situación que atravesamos las comunidades y municipios del interior de nuestra Argentina.

6. Analizar con urgencia la presentación de recursos formales administrativos y judiciales ante el incumplimiento de la ley de Presupuesto y la retención de los subsidios que se adeudan. Lo mismo ante la anunciada pero nunca publicada resolución de eliminación del aporte nacional anterior.

Por último, instamos al Poder Ejecutivo Nacional a revertir esta medida injusta, inconsulta, potencialmente ilegal y de afectación directa a los ciudadanos que representamos directamente. A la vez que requerimos se suprima de manera concreta y definitiva la política de discriminación en la distribución de fondos nacionales que corresponden a todos los argentinos.

Defenderemos con firmeza a nuestros vecinos en todas las instancias, hemos sido elegidos para gobernar nuestras ciudades y la responsabilidad que conlleva esta confianza delegada no será abandonada.

También la FAM

Además, en reunión con la presencia de más de 500 intendentes nucleados en la FAM, se emitió un comunicado donde se manifiesta: “cada día las condiciones de vida de las vecinas y vecinos empeoran por este ajustazo insensible que el gobierno nacional lleva adelante.

Hemos decidido pedir una reunión con carácter de muy urgente al presidente Milei. Esto sí es de necesidad y urgencia.

De no ser recibidos, las intendentas e intendentes nucleados en la FAM iniciaremos acciones judiciales en cada provincia por la quita de subsidios al transporte público, que llevará el boleto alrrededor de los mil pesos.

A esto, sumamos la quita del incentivo docente, que hace peligrar el inicio del ciclo lectivo en todo el país.

Además, el gobierno nacional no envía alimentos a los comedores comunitarios desde que asumió la presidencia Milei. En este período la demanda en comedores y merenderos aumentó en un 30%, como consecuencia del incremento en el precio de la comida y la caída de los ingresos de la clase media y de los sectores populares.

Somos los municipios y las provincias quienes estamos abasteciendo esta REAL necesidad y urgencia.

Resulta más que urgente brindar ayuda social directa a las miles de familias que, en estos momentos, están atravesando situaciones de hambre y carencias básicas, que no son posibles de cubrir sin la ayuda coordinada del Estado nacional con las provincias y los municipios.

Entendemos que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado, porque no basta con la consigna del ‘Estado presente’ para resolver los problemas del país. Las herramientas que

tenemos disponibles para sacar el país adelante están explícitas en la Constitución Nacional, por eso creemos en la división de poderes.

El presidente Milei está llevando adelante una carga política sobre gobernadores e intendentes, quitando recursos sin evaluar que las consecuencias impactan de manera directa en la vida de las vecinas y vecinos.

De la reunión de trabajo participaron más de 500 intendentas e intendentes del país, en forma presencial y remota.